Respecto al estado de los pagos, Ponce indicó que, aunque ya se han realizado aproximadamente 150 cobros, aún queda un número significativo de beneficiarios que deben recibir su indemnización. El monto acordado por el Gobierno ronda los 8 millones de pesos, aunque puede variar según la cotización del bono al momento de la operación. El abogado enfatizó que solo el beneficiario puede cobrar los bonos, y aclaró que no existen intermediarios ni financieras involucradas en el proceso. Además, destacó la importancia de informarse a través de canales oficiales, como la oficina habilitada en la Municipalidad, donde se atiende a los damnificados con absoluta transparencia. Finalmente, anunció que se presentará una denuncia penal para investigar el origen de los llamados fraudulentos y recordó que el 3 de noviembre se realizará el tradicional acto conmemorativo del trágico hecho ocurrido en 1995.