Se aprobó la Reforma Laboral en Diputados y vuelve al Senado para su sanción definitiva
El proyecto impulsado por el Gobierno significa una amplia reforma al régimen laboral, en especial sobre indemnizaciones, modalidades de contratación, jornada y registración del empleo
Con 135 votos a favor y 115 en contra, el oficialismo aprobó el proyecto de “Ley de Modernización Laboral”.
La Cámara Alta fue convocada para comenzar hoy mismo con la revisión del texto en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.
Los puntos con mayor resistencia en el recinto
Aunque el Gobierno logró mantener una diferencia de al menos 10 votos en la mayoría de los artículos, el debate en particular dejó expuestos los puntos que generan mayor rechazo en los sectores opositores y sindicales:
Cambio en la base de cálculo de indemnizaciones: uno de los ejes más resistidos fue la modificación del cálculo por despido sin causa. Ahora se tomará únicamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual, pero se excluyen formalmente el aguinaldo, los premios y otros adicionales. La oposición denunció que esto reduce significativamente el monto que percibe el trabajador.
Actualización de créditos laborales (IPC + 3%): la propuesta establece un nuevo criterio de actualización de las deudas laborales basado en la inflación (IPC) más un 3% anual. Este punto fue foco de debate, ya que el texto original no hacía distinciones y fue ajustado durante la negociación.
Derogación de Estatutos Profesionales: se admitió la eliminación de diversos estatutos, incluyendo el estatuto del periodista, con un plazo de implementación hasta el 1 de enero de 2027. Esto generó fuertes críticas por la pérdida de protecciones específicas de cada actividad.
Traspaso de la Justicia Laboral: se incluyó como anexo el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un punto históricamente resistido por los gremios y sectores judiciales nacionales.
Trabajadores de Apps y Repartidores: la iniciativa incorpora criterios para regular la actividad de plataformas de delivery. Mientras empresas como Rappi valoran la 'claridad de reglas', la oposición sostiene que legaliza la precariedad laboral bajo la fachada de independencia.
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En la ciudad de Almafuerte, alrededor de las 20:00 horas, se llevó a cabo un allanamiento en el marco de una investigación por amenazas agravadas contra un establecimiento educativo.
El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en calle San Juan, en barrio Arenales, donde el resultado fue positivo.
En el lugar, el personal policial procedió al secuestro de una réplica de pistola calibre 9 mm marca Fox a CO2 y un teléfono celular iPhone 13, perteneciente a un joven de 16 años.
Durante el control de la vivienda, los efectivos detectaron además la presencia de estupefacientes, lo que motivó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. En ese marco, se secuestraron aproximadamente 200 gramos de marihuana, una planta de unos 45 centímetros de altura, siete frascos con picadura de marihuana, dinero en efectivo y una balanza digital.
Como resultado del operativo, fue aprehendida una mujer de 35 años que residía en el domicilio, quedando todo lo incautado y la detenida a disposición de la Justicia en el marco de la Ley Nacional N° 23.737.
En la jornada se realizaron cuatro juicios abreviados en la Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero, con distintas condenas por hechos ocurridos en la región.
El primero de los procesos correspondió a Giménez (34), quien fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional tras ser declarado autor de amenazas, privación ilegítima de la libertad calificada y lesiones leves calificadas. Los hechos ocurrieron en Villa Rumipal en agosto de 2025, en un contexto de violencia de género e intrafamiliar. El acuerdo entre las partes fue valorado al momento de fijar la pena.
Luego, Díaz (35) recibió una condena de 1 año y 10 meses de prisión con declaración de reincidencia. Fue hallado autor de lesiones leves, amenazas, robo en grado de tentativa y hurto en grado de tentativa reiterado por hechos ocurridos en Río Tercero durante 2025, uno de ellos en un contexto de violencia intrafamiliar.
El tercer juicio tuvo como imputado a Brandan (39), quien fue condenado a 3 años de prisión efectiva. Se lo declaró autor de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves calificadas y amenazas reiteradas por hechos registrados en la ciudad durante 2025, también en un contexto de violencia intrafamiliar.
Por último, en el cuarto juicio abreviado, un hombre de 73 años identificado como E.A.D. fue condenado a 12 años de prisión. Se lo declaró autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente, promoción a la corrupción de mayores agravada y desobediencia a la autoridad reiterada. Los hechos ocurrieron en Villa del Dique entre 1993 y 2024. No se brindaron mayores datos del condenado para preservar la identidad de la víctima.
Todos los casos fueron resueltos mediante acuerdos entre las partes, con reconocimiento de los hechos por parte de los imputados.
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba aprobó este lunes la cuarta propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, tras una extensa asamblea de delegados desarrollada en un clima de fuerte tensión interna.
La resolución se dio luego del análisis de la oferta elevada la semana pasada, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Córdoba, que había sido dispuesta para frenar las medidas de fuerza impulsadas por el gremio docente.
La jornada estuvo atravesada por protestas desde las primeras horas. Sectores opositores, principalmente vinculados a UEPC Capital, manifestaron su rechazo a la conducción provincial y cuestionaron el proceso de votación. En ese contexto, se registraron incidentes con efectivos policiales cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia el hotel sindical donde se realizaba la asamblea.
Entre los principales cuestionamientos de las bases se señalaron el descuento de los días de paro, la ausencia de una mejora específica para jubilados y el esquema de incrementos mensuales del 2% sin cláusula automática de actualización por inflación.
A pesar del escenario conflictivo, la mayoría de los delegados resolvió aprobar la propuesta oficial, lo que abre la posibilidad de encauzar el conflicto salarial que venía afectando el normal dictado de clases en la provincia. No obstante, dentro del gremio continúan en evidencia las diferencias entre la conducción central y los sectores disidentes.
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