Lucas Felici: la empresa no puede demostrar la crisis que dice tener
Según el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos la decisión de la empresa pone de manifiesto que "no puede demostrar la crisis que dicen que tenían y tuvieron que cambiar el artículo que prevé una situación de la cual la empresa no es imputable y que permite pagar el 50 por ciento de la indemnización por el artículo que establece que es un despido sin causa". Felici señaló que se incumplió lo dictaminado por el gobierno pero se extendió la relación laboral hasta el mes de diciembre o hasta el 30 de noviembre según los casos. "Esto sigue igual, seguimos con el acampe y vamos a seguir de la misma manera", expresó Felici y manifestó que existe un lockout Patronal y que "queda demostrado que es una empresa a la cual lo que le sobra es dinero porque estando parados en el sentido productivo tienen ahora para pagar las indemnizaciones como corresponde y salarios durante tres o cuatro meses más sin producir". Por otra parte el representante sindical apuntó a que quieren lograr que "tenemos que volver y se puede volver porque claramente la empresa no puede demostrar que es una cuestión económica y que el TDI no es rentable".
La Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero dictó una condena de 11 años de prisión en el marco de un juicio por delitos contra la integridad sexual cometidos en la localidad de San Agustín.
El tribunal, presidido por el juez José Argüello, resolvió condenar al imputado —un hombre de 28 años— como autor de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por la guarda, en concurso ideal con el delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda.
Durante el proceso, que contó con la participación de la secretaria Pamela Ferreyra, los defensores particulares del acusado y el fiscal de Cámara Gustavo Martin, se desarrollaron las instancias probatorias y los alegatos correspondientes antes de dictarse la sentencia.
Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre agosto de 2022 y agosto de 2024.
Por disposición judicial, no se brindan datos personales del condenado con el objetivo de preservar la identidad de la víctima, quien es menor de edad y pertenece a su entorno familiar.