Finalmente apareció el decreto que reglamenta la ley aprobada en el Congreso en 2015 que dispuso la indemnización a quienes tienen juicios iniciados contra el Estado por las explosiones de la Fábrica Militar Río Tercero, ocurridas hace ya casi 23 años.

Son casi 10 mil los riotercerenses demandantes. Resta ver tras conocerse el decreto cuántos quedan confirmados con "causa vigente". La ley fue imaginada como salida extrajudicial para la megademanda patrocinada por un abogado, Mario Ponce, por daño moral.

DECRETO. Lo que dice el Boletín Oficial

Ponce anticipó que, de acuerdo a la fórmula que estableció la ley, la cifra rondaría entre 140 mil y 150 mil pesos por persona. En el valor neto, a esa cifra se le debería descontar un 20 por ciento, por pago de honorarios, gastos y un aporte a un fondo común ya pactado.

El beneficio se pagará en bonos, que están a un valor similar al peso, y será extensivo a quienes tengan la "causa judicial vigente". Podrá incluir a otros damnificados que han presentado demandas con otros letrados.

En realidad, unos 12 mil riotercerenses iniciaron juicios al Estado por aquella tragedia que dejó siete muertos, unos 300 heridos y millonarios daños materiales. Demandas por daños físicos, muertes y otros se han ido pagando en los últimos años tras obtener sentencia firme.

La ley 27.179 fue sancionada en 2015 y alcanza a 10.119 demandantes por daño moral y los 327 que reclamaron por daños materiales. El monto total a erogar por el Estado rondará los 1.700 millones de pesos, según datos del Ministerio de Defensa de la Nación. Esa cifra no cuenta las otras demandas ya pagadas o a pagarse por vía judicial. A la vez, entre 1996 y 1999 el Estado abonó resarcimientos por vía administrativa. Quienes no quedaron conformes con esos pagos iniciaron juicios.

En Río Tercero. El abogado Mario Ponce y el intendente Alberto Martino, este martes, en la Municipalidad

El detalle

El decreto conocido este martes confirma establece el marco de las condiciones a cumplir para percibir la indemnización.

"Van a cobrar los que tengan la causa vigente y todos a los que el tribunal no les haya decretado la caducidad de la instancia", anticipó Ponce.

De acuerdo a lo que dice el Decreto 309/2018 podrán solicitar la indemnización "quienes hubieren iniciado demanda judicial con anterioridad a su fecha de entrada en vigencia, reclamando los daños y perjuicios ocasionados por los acontecimientos (…) y no hubieren obtenido resarcimiento cuantitativamente equivalente o superior al que por aplicación de esa Ley le correspondería percibir". Además, la norma señala que "la legitimación activa aquí prevista, debe considerarse extensible a sus herederos".

El documento aclara también que no se considerará causa vigente "a todos aquellos procesos judiciales en los que la instancia judicial hubiere sido declarada caduca o perimida por parte de los magistrados intervinientes y esa decisión se encontrare firme y consentida".

"Van a percibir una suma que el propio decreto establece cuál es el modo de cálculo", indicó el abogado.

En el caso del daño moral, es una suma única que establece un cálculo que resulta del salario de un agente de la administración pública, multiplicado por 100 y al que se le resta 94 por ciento. De ahí surge la cifra final estimada en 140 mil pesos, para esas demandas por daño moral.

En el caso de los herederos, deberán "unificar la representación a través de un medio idóneo" a fin de la obtención del certificado judicial en forma indivisa y universal.

El decreto fija que el Ministerio de Defensa llevará adelante los trabajos para determinar el mecanismo para concretar la indemnización.

Semanas atrás se habia puesto en duda que el Estado hiciera efectivo el pago de lo aprobado por ley del Congreso. La Justicia Federal habia exigido el cumplimiento de la norma.

Al mediodía de este martes, Ponce brindó una conferencia de prensa en la Municpalidad de Río Tercero, junto al intendente local Alberto Martino, quien valoró la novedad, destacó el esfuerzo de la Nación en reconocer los pagos en momentos de estrechez financiera nacional y planteó que, además de la respuesta a los demandantes individuales, la ciudad aún aguarda alguna acción estatal de "reparación histórica" global, por caso, respecto de inversiones o de asegurar el futuro productivo de la Fábrica Militar que ocasionó aquella tragedia en noviembre de 1995.