* Las entidades que adhieran deberán ofrecer una tasa nominal anual fija de hasta el 35%, con plazos de entre 24 y 48 cuotas mensuales. * Podrán acceder personas con domicilio en Córdoba de al menos dos años y que estuvieran clasificadas en Situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central al 31 de julio de 2026. * Como incentivo para la adhesión, bancos y emisoras de tarjetas tendrán una alícuota del 0% de Ingresos Brutos sobre los intereses generados por las operaciones alcanzadas por el programa. El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar, una iniciativa destinada a facilitar la regularización de deudas de familias que atraviesan dificultades económicas y financieras para afrontar sus obligaciones. El proyecto apunta especialmente a personas cuya capacidad de pago se haya visto afectada y que deban recurrir a la refinanciación, reprogramación o reestructuración de sus deudas. El objetivo es reducir el costo financiero, evitar un mayor deterioro de su situación crediticia y favorecer la recuperación progresiva de su capacidad económica. La iniciativa contempla la participación voluntaria de entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito, que deberán instrumentar líneas especiales de financiamiento para las personas alcanzadas por el programa. *Tasa máxima del 35% y hasta 48 cuotas* Uno de los puntos centrales del proyecto establece que los bancos y emisoras de tarjetas que adhieran deberán ofrecer mecanismos de consolidación, refinanciación o reestructuración de las deudas bajo condiciones específicamente fijadas por la ley. Las operaciones tendrán una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35% y podrán cancelarse en un plazo de entre 24 y 48 cuotas mensuales. De esta manera, la Provincia busca generar una alternativa para familias que actualmente enfrentan dificultades para sostener el pago regular de sus compromisos financieros y requieren reordenar sus obligaciones bajo condiciones que reduzcan su carga financiera. *Qué deudas podrán refinanciarse* El programa comprenderá obligaciones originadas en préstamos personales, saldos financiados de tarjetas de crédito y otras modalidades de financiamiento utilizadas para solventar gastos ordinarios relacionados con la subsistencia o las necesidades básicas del hogar. El alcance y las condiciones particulares serán posteriormente establecidos por la reglamentación. En cambio, quedarán expresamente excluidas las financiaciones vinculadas directa o indirectamente con juegos de azar y apuestas, así como las deudas tomadas para cancelar o refinanciar obligaciones originadas en esos conceptos. *Quiénes podrán acceder* El proyecto establece una serie de criterios para focalizar el beneficio en personas que atraviesen una situación de vulnerabilidad financiera. Podrán ingresar quienes, al momento de formalizar la refinanciación o reestructuración, acrediten domicilio en la provincia de Córdoba con una antigüedad mínima de dos años y hayan estado clasificados en Situación 2 o Situación 3 al 31 de julio de 2026, de acuerdo con la información de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina. Además, deberán reunir determinadas condiciones económicas, financieras y patrimoniales que serán definidas por la autoridad de aplicación. Entre los parámetros que prevé la iniciativa se encuentran el nivel de ingresos del solicitante y de su grupo familiar conviviente; la titularidad de inmuebles, automotores, embarcaciones y otros bienes registrables; la tenencia de activos financieros o inversiones; y la relación entre los ingresos disponibles y las obligaciones financieras que debe afrontar cada persona. La reglamentación podrá establecer, además, límites de ingresos vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil y requerir declaraciones juradas y documentación respaldatoria para comprobar el cumplimiento de las condiciones de acceso. *Incentivos para bancos y tarjetas que adhieran* Para facilitar la participación del sistema financiero, el proyecto incorpora un incentivo tributario provincial. Las entidades financieras que adhieran al programa tendrán una alícuota especial del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre los intereses y ajustes correspondientes a las operaciones de refinanciación, reprogramación o reestructuración realizadas en el marco de la iniciativa. Un tratamiento equivalente se contempla para las emisoras de tarjetas de crédito respecto de los intereses compensatorios o financieros correspondientes a la refinanciación de saldos comprendidos en el programa, siempre que provengan de consumos relacionados con los gastos alcanzados por la ley. La adhesión de bancos y emisoras será necesaria para instrumentar las líneas especiales previstas en el proyecto. El Ministerio de Economía de la Provincia será la autoridad encargada de instrumentar el programa, establecer los procedimientos de adhesión y acreditación, verificar requisitos y disponer los mecanismos de registración, información y control. También podrá celebrar convenios e implementar mecanismos de intercambio de información con organismos públicos, entidades financieras, emisoras de tarjetas y otros actores necesarios para poner en funcionamiento la iniciativa. Una vez sancionada y reglamentada la ley, el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar tendrá una vigencia de tres meses calendario, período durante el cual podrán concretarse las operaciones comprendidas en el régimen. Con el proyecto remitido a la Legislatura, la Provincia propone así una herramienta específica para atender el endeudamiento de familias en situación de vulnerabilidad, mediante la reestructuración de obligaciones de consumo y gastos esenciales bajo condiciones financieras predeterminadas y con incentivos para promover la participación de las entidades crediticias.