Los empleados del Poder Judicial de Córdoba llevan adelante un paro de 60 horas en reclamo por el incremento de los aportes jubilatorios y a la obra social, medida que, según denunciaron, afecta de manera significativa sus salarios. Martín Arrieta, delegado general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, explicó que la Ley 11.087 elevó en un 8% los aportes jubilatorios y sumó un 2% adicional destinado a la obra social, por lo que los trabajadores judiciales pasaron a aportar cerca del 33% de su salario mensual. Arrieta sostuvo que tanto la Caja de Jubilaciones como la obra social "no brindan respuestas acordes a los aportes que realizan los trabajadores" y afirmó que el conflicto se mantiene desde noviembre del año pasado. Recordó que, tras una conciliación voluntaria, el Gobierno provincial realizó una propuesta salarial que fue rechazada por considerarla insuficiente. El dirigente gremial aseguró que el reclamo cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia y de los colegios de abogados, aunque señaló que el máximo tribunal "carece de autonomía económica" y depende de los recursos que destina el Gobierno provincial. Además, advirtió que la Justicia provincial atraviesa una fuerte falta de personal, situación que, según indicó, se agrava con las medidas de fuerza. Si bien durante el paro se garantizan las guardias mínimas, remarcó que el servicio judicial "no está considerado esencial" y que ya funciona con importantes dificultades debido a la escasez de empleados. Finalmente, Arrieta adelantó que el próximo lunes habrá una nueva asamblea en Córdoba capital y no descartó una profundización del conflicto si el Ejecutivo provincial no presenta una propuesta que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores judiciales