Roberto Serra rechazó las acusaciones por sobreprecios y defendió la cotización presentada al Municipio
El titular de LiuGong, Roberto Serra, respondió públicamente a los cuestionamientos surgidos en torno a la cotización presentada para la adquisición de una motoniveladora por parte de la Municipalidad de Río Tercero. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con un medio colega, donde aseguró que las acusaciones por presuntos sobreprecios se originaron a partir de una interpretación incorrecta del presupuesto y reclamó una aclaración pública para preservar el buen nombre de la empresa.
Serra explicó que la comparación difundida tomó como referencia el valor de contado y sin IVA de la máquina, mientras que la propuesta elevada al Municipio contemplaba IVA, financiación a 12 meses y condiciones comerciales específicas solicitadas por la administración municipal. Entre ellas, mencionó una entrega inicial reducida, un mayor plazo de financiación y la bonificación del costo del flete.
El empresario sostuvo que no existió ningún sobreprecio y remarcó que fue el propio Municipio el que solicitó una propuesta con la menor entrega posible y el mayor financiamiento disponible. En ese sentido, aseguró que tanto él como la empresa están dispuestos a brindar todas las explicaciones técnicas necesarias, incluso ante el Concejo Deliberante, para despejar cualquier duda sobre la operación.
Durante la entrevista, Serra expresó su preocupación por el impacto que las acusaciones tuvieron sobre la imagen de la firma, que se encuentra radicada en Río Tercero desde 1998. Destacó que la empresa emplea actualmente a unas 40 personas de manera directa y genera trabajo para numerosos prestadores de servicios vinculados a su actividad.
Asimismo, indicó que la repercusión del caso trascendió el ámbito local y llegó a representantes nacionales e internacionales de la marca, lo que incrementó la preocupación por las consecuencias sobre la reputación de la compañía.
Finalmente, Serra solicitó al concejal Nicolás Rodríguez que realice una rectificación pública, al considerar que sus expresiones se basaron en información incompleta y ocasionaron un perjuicio injustificado a la empresa. Si bien señaló que existen instancias superiores que analizan los pasos a seguir, sostuvo que una aclaración pública contribuiría a reparar el daño ocasionado y a esclarecer la situación.
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