FPA desbarató dos organizaciones narco tras 10 allanamientos simultáneos en Río Tercero y Hernando: ocho detenidos
En el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico diligenciaron 10 órdenes de allanamiento en el departamento Tercero Arriba, logrando desarticular dos organizaciones narco integradas por ocho personas e incautar estupefacientes.
Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en nueve puntos de venta ubicados en los barrios 20 de Junio, Media Luna, Parque San Miguel, Sur, Villa Zoila, Centro y El Libertador de la ciudad de Río Tercero. Además, en un inmueble allanado en la localidad de Hernando. Como resultado del operativo, quedaron detenidos seis hombres y dos mujeres, todos mayores de edad.
La investigación se inició hace aproximadamente seis meses, a partir de denuncias anónimas receptadas a través de la línea gratuita del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080), lo que permitió a los equipos operativos e investigativos de la Fuerza avanzar con las tareas investigativas.
Durante los allanamientos se logró el secuestro de 193 dosis de marihuana y 14 de cocaína, dinero, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.
Para finalizar, la Fiscalía interviniente dispuso el traslado de los detenidos y los elementos secuestrados sede judicial.
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El abogado defensor de Gubler, Enzo Iván Segreti (M.P. 13-4209), confirmó que apelarán la resolución que dispuso la elevación de la causa a juicio y sostuvo que su cliente no cometió ningún delito.
Durante una entrevista con Estación Urbana 97.5, Segreti explicó que la decisión del juez de control no implica una condena ni una declaración de culpabilidad. Según indicó, el magistrado únicamente consideró que existe un grado de probabilidad suficiente para que el caso avance a la instancia de juicio oral, donde se analizarán las pruebas con mayor profundidad.
“El juez no dijo que Gubler sea responsable de los hechos investigados, sino que entendió que corresponde continuar el proceso para determinar si existe certeza sobre lo ocurrido”, señaló el letrado.
La defensa sostiene que la actividad desarrollada por su cliente no constituye una infracción a la ley penal y afirmó que no comparte la interpretación que hasta el momento realizaron la fiscalía y el juez de control.
Segreti recordó que para una eventual condena la Justicia debe alcanzar un grado de certeza sobre la comisión del delito, mientras que en esta etapa procesal basta con la existencia de elementos que permitan continuar la investigación en un juicio.
Además, adelantó que presentarán un recurso de apelación contra la resolución y, en caso de que no prospere, llevarán adelante la defensa en un debate oral y público.
Finalmente, el abogado destacó la importancia de informar con responsabilidad sobre el avance de la causa y pidió evitar “condenas sociales anticipadas”, remarcando que el proceso judicial aún tiene varias instancias por recorrer.
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