La propuesta fue rechazada de manera categórica por parte del sindicato Químico y Petroquímico, que la calificó como "un acto de extorsión" y denunció que se trata de una estrategia empresarial para avanzar con despidos encubiertos, en pleno período de conciliación obligatoria. Ante esta situación, la Secretaría de Trabajo resolvió intimar formalmente a la empresa a cumplir con el pago de la totalidad de los haberes adeudados, bajo apercibimiento de sanciones previstas por la ley 8015. Asimismo, convocó a una nueva audiencia presencial para el próximo lunes 11 de agosto a las 11 horas. Finalizada la audiencia, el gremio convocó a una concentración masiva para ese mismo día, ratificando su defensa irrestricta del salario y de los puestos de trabajo de todos los empleados de la planta.