Este año se cumplirán 30 años del atentado sufrido en Fábrica Militar, que dejó siete muertos, cientos de heridos y una ciudad con varios barrios que parecían bombardeados. El abogado Mario Ponce es uno de los letrados que más casos representa en estas demandas: acumula casi ocho mil demandantes por daño moral. Según confirmó a La Voz, 10 riotercerenses ya cobraron ese resarcimiento en bonos del Estado, a razón de algo más de ocho millones de pesos cada uno. El valor final depende de la cotización de los bonos, que se mueve cada día. A su vez, anticipó que este lunes recibió mil formularios de pagos más. Este paso administrativo significa -según explicó- que otros damnificados también están a punto de cobrar. El letrado señaló que el Estado está cumpliendo los términos establecidos, aunque con demoras. No hay certeza aún del plazo en que se cumplirá con los ocho mil demandantes. Los pagos de indemnizaciones surgen de una ley (la 27.179) sancionada casi por unanimidad en el Congreso a fines de 2015, pero recién reglamentada en 2018. Esa ley fijaba el pago por vía administrativa, para evitar la continuidad de los juicios, a quienes habían iniciado demandas judiciales contra el Estado nacional por las explosiones. Pero nunca, hasta ahora, había sido cumplida. Ante reclamos y demandas por esa deuda, en la Cámara Federal de Córdoba las partes se pusieron de acuerdo meses atrás sobre la modalidad del resarcimiento, tras un trámite que llevaba años de demoras. Ahora comienzan los pagos, a 30 años de los hechos, cuando un número importante de reclamantes ya han fallecido. Mediante un trámite, sus herederos tienen derecho al cobro. Entre 1996 y 1999 el Estado nacional pagó resarcimientos por vía administrariva por muertes, heridos y daños materiales a miles de riotercerenses. Luego, hubo más de 12 mil que injciaron acciones judiciales por considerar que no habían sido indemnizados o que el monto recibido no era acorde al daño. Parte de esas demabndas tuvieron sentencia judicial y fueron, con los años, abonadas. Pero quedó pendiente un enorme lote de unas ocho mil demandas, la mayoría por daño moral y patrocinadas por el cordobés Mario Ponce, para las que el Estado evitó la instancia judicial mediante una ley que ordenó el pago, y que 10 después de su sanción, se concreta. En total, a ocho millones por damnificado por daño moral, la cifra podría sumar al menos unos 65 mil millones de pesos a pagar por el Estado. Atentado Según fallos judiciales confirmados por la Corte Suprema, las explosiones de la Fábrica Militar fueron un atentado intencional y organizado desde despachos estatales para ocultar las maniobras de ventas ilegales de armas concretadas por Argentina entre 1991 y 1995 a Croacia y Ecuador. Buena parte de los proyectiles que explotaron en 1995 en el predio militar de Río Tercero eran parte de un embarque que no salió rumbo a Croacia. Fuente La Voz Por Mariela Martínez