El Gobierno impulsará penas para los violentos ligados al fútbol y para los dirigentes de los clubes
Tras la protesta frente al Congreso, el Ejecutivo aceleró la redacción de una “Ley Antibarras”. Los detalles del borrador
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Según lo que pudo saber Infobae, la iniciativa está siendo trabajada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad Nacional y de la Casa Rosada y todavía requiere del aval final del presidente Javier Milei, que De acuerdo a lo que trascendió de fuentes oficiales, la iniciativa tiene varios aspectos centrales: la declaración de las barras bravas como un tipo especial de asociación ilícita, la responsabilización de los dirigentes de los clubes en la actuación de esos grupos delictivos y la aplicación de fuertes sanciones.Respecto del primer punto, la declaración de las barras bravas como asociación ilícita implica que las penas se asemejen a los distintos tipos delictivos que están en el Código Penal de la Nación, que van de un mínimo de tres años de prisión a los 20 años, como máximo.En el Gobierno resolvieron apurar este endurecimiento de las penas después que ayer quedó expuesta la vinculación entre esos grupos con sectores políticos que impulsaron una protesta contra el Gobierno, que derivó en incidentes, destrozos y enfrentamientos con la Policía. El caso más grave es el de Pablo Grillo, un fotógrafo que fue herido por un impacto de un gas lacrimógeno en la cabeza y que actualmente lucha por su vida.Desde el Ministerio de Seguridad Nacional evitaron dar precisiones sobre el contenido del proyecto de ley que se presentará en los próximos días, pero Infobae pudo acceder de fuentes del gobierno con algunos detalles del borrador sobre los que trabaja el Ejecutivo.
Entre esas definiciones está que se sancionará no solo a aquellos barras que operen dentro de los estadios de fútbol, sino que también alcanzará a los que actúen fuera de las canchas en relación con esos grupos delictivos. Uno de los ejemplos típicos que serán alcanzados por la iniciativa son los denominados “trapitos”, que cobran por estacionar los vehículos afuera de los estadios.De todos modos, una de las “novedades” que trae el proyecto es que se aplicarán sanciones y penas a los dirigentes de los clubes que suministren entradas a estos grupos violentos. La idea es evitar que, mediante la distribución de tickets de protocolo, provistos por los dirigentes, generen ingresos para sostener la estructura delictiva de esas bandas.
Además, en el borrador se otorga al Gobierno la facultad para disponer la inhabilitación administrativa para ingresar a los estadios, que será automática cuando haya un proceso abierto por violación a esta “Ley Antibarras”.“La clave es que con este proyecto se va a tratar a las barras bravas como organizaciones criminales”, explicaron las fuentes.
En las últimas sesiones extraordinarias se aprobó y luego se promulgó la denominada “Ley Antimafia”, que incorpora una serie de cambios para perseguir el delito complejo y la actuación de bandas criminales, que incluyen desde la duplicación de las penas, los decomisos de bienes y dinero de los delincuentes y la detención por hasta un plazo máximo de 30 días por averiguación de delitos.Finalmente, en el Ejecutivo aclararon que la iniciativa está todavía en instancia de borrador y que se presentará públicamente cuando el presidente Milei le dé su aval definitivo.
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Una familiar directa de una alumna de 12 años del IPET N.º 98 Luis de Tejeda relató en diálogo con Radio Estación Urbana 97.5 la difícil situación que atraviesa la niña, quien se encuentra internada en la ciudad de Córdoba tras un intento de quitarse la vida que, según denunció la familia, estaría vinculado a situaciones de bullying escolar.
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Según relató, tras una reunión mantenida con autoridades educativas, la familia se mostró sorprendida al enterarse posteriormente de que se evaluaba el traslado de la alumna a otra institución, situación que aseguran no les había sido informada durante el encuentro.
Además, manifestó su preocupación por la falta de acompañamiento institucional durante estos días, destacando que la prioridad de la familia es la recuperación de la menor, quien permanecerá bajo tratamiento médico y psicológico en el Hospital de Niños de Córdoba por al menos 20 días.
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