EL MUNICIPIO ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA CARRERA DE POSGRADO
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Tras un operativo encabezado por la Fiscalía de Río Tercero
Una comitiva judicial, efectivos del DUAR y Policía Ambiental recorrieron más de 17 kilómetros a pie en la zona de refugios para constatar el impacto provocado por el ingreso ilegal de camionetas, motos y bicicletas.
RÍO TERCERO. — La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2 de Río Tercero, a cargo del fiscal Nicolás Torres, avanza en una investigación para determinar responsabilidades penales y ambientales tras el ingreso irregular de vehículos motorizados y bicicletas a la Reserva Hídrica Provincial de Achala, en el sector de refugios del Cerro Champaquí. El expediente se originó luego de que se viralizaran en redes sociales videos que mostraban a un grupo de personas circulando por el área natural protegida y persiguiendo a los animales que pastaban en el lugar durante el primer fin de semana de octubre.
A raíz de una comunicación del Tribunal Administrativo Ambiental de la Provincia, el Ministerio Público Fiscal diseñó un operativo conjunto con la Secretaría de Policía Ambiental. El procedimiento tuvo lugar el viernes 6 de noviembre, fecha en la que el fiscal Torres encabezó una comitiva interdisciplinaria que partió desde el Cerro Los Linderos y caminó más de 17 kilómetros por los puestos y refugios de alta montaña del departamento Calamuchita.
De la inspección participaron efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), inspectores técnicos de Policía Ambiental —entre ellos un geólogo y un arquitecto— y personal de la Subsecretaría de Áreas Naturales Protegidas. A partir de puntos previamente georreferenciados, el equipo labró actas de constatación y realizó un exhaustivo relevamiento fotográfico tanto terrestre como aéreo mediante el uso de drones. Durante la recorrida se detectaron huellas de circulación vehicular y sectores con procesos de erosión, cuyo vínculo directo con el episodio denunciado se encuentra bajo peritaje.
El rol de los baqueanos y el impacto ecológico.
Desde el ámbito judicial destacaron el aporte de los propietarios de refugios y prestadores turísticos de la zona, quienes acompañaron el despliegue y brindaron información clave sobre los senderos y la dinámica del territorio. En la causa también interviene la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal del Ministerio Público Fiscal, dirigida por el fiscal adjunto Alejandro Pérez Moreno.
Desde la Fiscalía advirtieron que este tipo de conductas exceden una mera falta recreativa, ya que ponen en peligro ecosistemas de alta sensibilidad —como los mallines y pastizales de altura que regulan las cuencas hídricas serranas—, cuya regeneración natural puede demandar años. Además, señalaron que el procedimiento sentará las bases para crear un protocolo de actuación conjunta destinado a futuras intervenciones en zonas de difícil acceso.
Mientras continúan las diligencias para identificar a los involucrados y cuantificar el daño ambiental, desde el Ministerio Público Fiscal recordaron la importancia de respetar la señalización, transitar únicamente por senderos habilitados y preservar la fauna local. Asimismo, aclararon que, al tratarse de una investigación en curso, se mantiene bajo reserva la identidad de los sospechosos en resguardo del principio constitucional de inocencia.
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