La medida, formalizada por el Ministerio de Seguridad, establece que los gastos ocasionados por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la Justicia. A partir de ahora, toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos. El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención. Con esa información, el Estado avanzará con la intimación de pago y, de ser necesario, con acciones judiciales. “Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”, explicó Juan Pablo Quinteros. El funcionario remarcó que no se trata de hechos menores, sino de conductas que alteran el normal funcionamiento escolar, generan angustia en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata del Estado. El protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes. “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, enfatizó el ministro. La Provincia ratificó así una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas y reafirmó su compromiso de garantizar entornos educativos seguros.