Salto afirmó que la reforma es “regresiva” y que vulnera derechos constitucionales de trabajadoras y trabajadores. Informó que delegaciones de distintas provincias se trasladan a Buenos Aires para concentrarse frente al Ministerio de Trabajo y expresar su rechazo. “El proyecto no es una reforma: es una imposición de los poderes económicos para seguir vulnerando derechos”, señaló. Aseguró que la iniciativa responde a intereses de sectores empresariales y grupos de poder “que desde hace años buscan avanzar sobre las conquistas laborales”. Respecto a los puntos más críticos, detalló que la reforma plantea la extensión de la jornada laboral, la implementación de un banco de horas administrado por el empleador y la posibilidad de acuerdos laborales individuales, lo que —advirtió— “rompe la organización colectiva y debilita las negociaciones paritarias”. Consultado sobre el impacto en los salarios, Salto fue contundente: “La reforma no garantiza ninguna mejora real; solo reduce costos empresariales”. También sostuvo que no existe evidencia de que flexibilizar las leyes laborales genere más empleo. “La historia demuestra que nunca funcionó”, indicó. El dirigente alertó que los sectores más afectados serían jóvenes, mujeres, trabajadores precarizados e informales, quienes ya representan la franja de mayor vulnerabilidad en el mercado laboral. Salto llamó a la reflexión y afirmó que la medida “no resolverá la falta de empleo ni la precarización en Argentina”. Agradeció el espacio y reiteró la importancia de sostener una mirada colectiva para defender los derechos laborales.