Se trata de un hecho histórico: desde marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto presidencial. La norma establece la emergencia hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga hasta 2027, y garantiza la actualización mensual de las prestaciones de acuerdo con la inflación. Además: Reconoce 200 mil pensiones por invalidez equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Permite que los beneficiarios puedan trabajar sin perder el beneficio, siempre que no superen dos salarios mínimos. Obliga a saldar la deuda con prestadores y actualizar los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendrá un costo estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI.