A través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo fundamentó su decisión en el alto costo fiscal de las iniciativas —más de 7 billones de pesos en 2025 y casi 17 billones en 2026— y en la falta de fuentes de financiamiento genuinas, lo que, según el Gobierno, violaría la Ley de Administración Financiera. Los proyectos vetados incluían: – Un aumento de emergencia del 7,2% para jubilados, un bono mensual de $110.000 (ajustable) y transferencias a cajas provinciales. – La reinstauración por dos años del Plan de Pago de Deuda Previsional, que permitía jubilarse sin 30 años de aportes, y mayor acceso a la PUAM. – La emergencia nacional en discapacidad, una nueva pensión no contributiva, y una compensación para prestadores del sistema. Con este veto, la definición regresa al Congreso, donde la oposición deberá reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras si desea insistir con la aprobación de las leyes.