En los considerandos, el decreto sostiene: “No es adecuado que la Administración Pública Nacional no preste tareas durante el día señalado por la norma, mientras que el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad”. Además, el texto remarca que “los principales perjudicados por lo dispuesto en la mencionada Ley N° 26.876 son los argentinos, que deben cargar con el costo que implica la adopción de una medida de tal naturaleza”.

El decreto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que habilita la emisión de Decretos de Necesidad y Urgencia. El texto recuerda que la Ley 26.122 regula la intervención del Congreso en el control de estos decretos, y dispone que la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación deberá pronunciarse sobre la validez o invalidez de la medida en un plazo de diez días hábiles.