Juez mantiene, desde el año pasado, una postura en línea con las críticas del Ejecutivo libertario hacia toda la Cámara alta, lo que deriva en críticas desde su propia bancada, que lo acusa de no opinar sobre el tema en las reuniones de bloque -incluso, en las de Labor Parlamentaria, donde participan todos los jefes y Villarruel- para luego hacer su propio juego. Lo cierto es que si los legisladores no se ponen de acuerdo para votar algo en el recinto y Villarruel no firma una resolución por su cuenta, las misivas en cuestión se convierten en la nada misma. En cambios, otros pocos -como la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti- anunciaron tiempo atrás donaciones o sorteos que, a fin de cuentas, rompieron la armonía de espacios que estaban 100% de acuerdo con la suba, como el caso del Frente de Todos.

Sobre este último punto, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representó, desde mayo pasado, más de $7 millones en bruto que cobran en la actualidad. La única senadora que no entra en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.

En noviembre pasado, en un movimiento que ayudó a descomprimir la presión y bajar las fuertes críticas de empleados cumplidores -suelen ser los más perjudicados- contra los gremios legislativos -APL, de Norberto Di Próspero, el sindicato más importante-, el Congreso cerró una paritaria casi idéntica a la del Ejecutivo con estatales: una suba de 6,13% -acumulado-, de septiembre a diciembre. No corrió para los senadores, que tenían vigente el congelamiento hasta fin de año.