Sobre este último punto, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representó, desde mayo pasado, más de $7 millones en bruto que cobran en la actualidad. La única senadora que no entra en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación, como informó meses atrás este medio.

En noviembre pasado, en un movimiento que ayudó a descomprimir la presión y bajar las fuertes críticas de empleados cumplidores -suelen ser los más perjudicados- contra los gremios legislativos -APL, de Norberto Di Próspero, el sindicato más importante-, el Congreso cerró una paritaria casi idéntica a la del Ejecutivo con estatales: una suba de 6,13% -acumulado-, de septiembre a diciembre. No corrió para los senadores, que tenían vigente el congelamiento hasta fin de año.

En realidad, son muy pocos quienes se animan a decir en público no sólo eso -y que están mal pagos; mucho más el Presidente y sus ministros, agregan-, sino también el lastre principal que tiene la política desde hace décadas: su financiamiento. Hasta que eso no se discuta de verdad y sin barbijos, estos inconvenientes se convertirán en moneda corriente. En el Caso de la Cámara alta, el momento es más que complejo. El Gobierno lo sabe y buscará aprovecharlo.